El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, precisó que la decisión que tomó recientemente el Cabildo sobre el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) no implica un pago ni un arreglo cerrado, sino únicamente la autorización para revisar si es posible llegar a un acuerdo que ponga fin al litigio con la empresa operadora del sistema.

El contrato con la empresa fue firmado en 2016 y tiene una vigencia que se extiende hasta 2046.

“Por el momento, lo único que se aprobó fue revisar el tema”, explicó el alcalde, quien subrayó que hasta ahora no existe una cifra definida ni un acuerdo económico establecido. Añadió que cualquier alternativa deberá evaluarse con responsabilidad, con el fin de proteger las finanzas públicas y encontrar una solución que favorezca a la ciudad.

Burgueño recordó que el asunto no surgió durante su gestión, sino que viene de administraciones anteriores, y que su gobierno ha recibido requerimientos al respecto. “Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. La ciudadanía quiere que se resuelva la situación del SITT y esperamos que podamos encontrar una solución”, expresó.

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El alcalde explicó que en 2020 el Gobierno de Baja California expidió la nueva Ley de Movilidad Sustentable y Transporte. Esa norma creó el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), organismo estatal que concentra las atribuciones en materia de transporte público.

Entre las disposiciones transitorias de la ley se estableció que el Ayuntamiento de Tijuana debía transferir el SITT al Gobierno del Estado. Sin embargo, ese proceso no se concretó dentro del plazo previsto.

En mayo de 2026, la Secretaría de Gobierno Municipal recibió un oficio del Gobierno estatal, enviado por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente en su calidad de cabeza de sector del IMOS. En él se solicitaba al Ayuntamiento cumplir con esa disposición transitoria e iniciar los trámites para trasladar el sistema al ámbito estatal.

El riesgo de no llegar a un acuerdo

De acuerdo con lo expuesto, si no se alcanza un convenio, el Ayuntamiento podría enfrentar una sentencia desfavorable en la que la empresa obtenga el 100% del monto reclamado en la demanda, más las actualizaciones acumuladas desde que ésta fue presentada.

Un resultado de ese tipo representaría una carga económica mayor para el gobierno municipal, ya sea para la administración actual o para la siguiente.

Por esa razón, la autorización del Cabildo permite buscar un acuerdo por una cantidad que no exceda el 50% de lo reclamado. El objetivo, según se explicó, es evitar un posible daño al patrimonio municipal y lograr una solución con un costo menor para el erario.

El alcalde agregó que el XXV Ayuntamiento de Tijuana atiende los requerimientos relacionados con el caso y que el análisis de las opciones se hará con responsabilidad, poniendo por delante el interés de la ciudadanía y el cuidado de los recursos públicos.