Alrededor de 15 mil familias del Ejido Rojo Gómez y comunidades cercanas podrían poner fin a más de tres décadas de incertidumbre sobre la propiedad de sus terrenos, luego de que autoridades de los tres niveles de gobierno firmaran un convenio para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra.

El acuerdo fue encabezado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien señaló que el proceso representa un avance para las personas que durante años han esperado contar con documentos que respalden legalmente la propiedad de sus viviendas.

La regularización contempla al Ejido Rojo Gómez, así como a los asentamientos Lomas del Valle, Terrazas del Valle I y II, y La Morita I y II, donde numerosas familias adquirieron sus predios sin contar con certeza jurídica sobre ellos.

Durante el acto, la mandataria estatal reconoció la organización y persistencia de los habitantes para mantener vigente esta demanda, y aseguró que resolverla fue una prioridad de su administración.

Por su parte, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), explicó que desde el Gobierno federal se impulsó un mecanismo de régimen expropiatorio para avanzar en la solución del conflicto.

El funcionario destacó la coordinación entre las autoridades y los representantes ejidales para concretar el acuerdo, el cual también será firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario general de Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, indicó que el convenio permitirá avanzar en la regularización de los terrenos y brindar respaldo legal tanto a los representantes ejidales como a quienes habitan en las colonias involucradas.

En la firma participaron representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), además del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.

Con este acuerdo, las autoridades buscan dar solución a una problemática que ha mantenido a miles de familias sin certeza sobre su patrimonio y avanzar hacia la regularización de sus viviendas.