02-11-2026

Foto: Baja News
El paquete contempla recursos por 15 mil 616 millones de pesos para atender problemas de abastecimiento en la Zona Costa y el sur del estado, así como trabajos en el Río Tijuana
La falta de agua y los problemas de saneamiento en Baja California están detrás de un paquete de obras hidráulicas que contempla una inversión de 15 mil 616.8 millones de pesos, con proyectos que van desde una nueva desaladora en Rosarito hasta la ampliación de fuentes de abastecimiento en San Quintín.

Entre las intervenciones de mayor alcance se encuentra la planta desaladora de Playas de Rosarito, cuya construcción forma parte de los planes para reforzar el suministro en la Zona Costa. El proyecto incluye infraestructura para transportar el agua hacia distintos puntos y atender la demanda de viviendas, hospitales, comercios e industrias.

Tijuana también figura entre los municipios con obras de gran inversión. Para la recuperación del cauce del Río Tijuana se contempla una bolsa federal de 3 mil millones de pesos, mientras que otros 681 millones se destinarán al Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, relacionado con los trabajos de saneamiento que requieren tanto la ciudad como la región fronteriza.
En San Quintín, donde el acceso al agua es uno de los principales retos para sus comunidades, se proyectan más de mil 578 millones de pesos para perforar pozos, ampliar la desaladora Padre Kino y construir una planta municipal de desalinización.
Los proyectos también alcanzan a otras localidades. En Primo Tapia, Playas de Rosarito, se contempla la introducción de drenaje sanitario, mientras que en Tecate se reporta la puesta en operación del Tanque Regulador Juárez, que beneficia a más de 15 mil familias.

A estas obras se suma un cambio en la administración del recurso hídrico: los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito recibieron títulos de concesión y asignación de agua por parte del Gobierno federal, con vigencia de 30 años, según lo informado por la administración estatal.

El nuevo esquema busca que los ayuntamientos realicen directamente ante la Federación los pagos correspondientes por el agua, sin depender de intermediarios o distritos de riego, como ocurría anteriormente.
La inversión forma parte de la estrategia presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su Quinto Informe de Actividades, en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los recursos serán de origen público, con aportaciones federales y estatales.

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