Cuatro caninos en situación de calle fueron hallados muertos este lunes en la zona de Jardín Dorado, presuntamente víctimas de envenenamiento. El caso provocó reclamos de activistas y vecinos por las deficiencias operativas en la investigación de delitos ambientales.

El hallazgo movilizó a residentes de la calle, quienes realizaron un reporte al número de emergencias 911 tras percatarse de los cuerpos. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) y notificar a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes aseguraron los restos para su resguardo.
 

Al respecto, la abogada y activista por los derechos de los animales, Ilse Vázquez, advirtió durante un recorrido de inspección independiente que el caso pone de manifiesto la falta de capacidad institucional para procesar este tipo de denuncias en la entidad.
 

“La ley cuenta con penas severas tras la reciente reforma al Código Penal de abril de 2026, que castiga con hasta ocho años de prisión el homicidio doloso de animales; sin embargo, carecemos de la estructura operativa necesaria en las fiscalías”, señaló.
 

Vázquez apuntó que la escasez de ministerios públicos especializados limita la investigación de más de mil carpetas abiertas en Tijuana y Mexicali. También señaló que regiones con alta actividad agrícola, como San Quintín y Ensenada, registran casos recurrentes de envenenamiento mediante pesticidas, sin que exista una cobertura ministerial suficiente.

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La activista cuestionó que las autoridades omitieran recabar de inmediato registros de cámaras de videovigilancia cercanas, cuyo tiempo útil de almacenamiento suele expirar en 48 horas. Afirmó que esta situación obstaculiza la identificación de los responsables de estos ataques en zonas habitacionales.