Las investigaciones por despojo y fraude inmobiliario, la acumulación de asuntos en los juzgados y la atención a víctimas de violencia contra las mujeres fueron algunos de los temas que enfrentó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López, durante su comparecencia ante el Congreso estatal.

El magistrado presentó el informe de actividades del Poder Judicial correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, en una sesión ampliada de la Junta de Coordinación Política, donde legisladoras y legisladores solicitaron explicaciones sobre el funcionamiento de los tribunales y los pendientes en la impartición de justicia.

Uno de los asuntos que concentró las preguntas fue el denominado Cártel Inmobiliario y los casos de despojo y fraude relacionados con propiedades. Fragozo López informó que existen investigaciones en curso contra 12 personas, a quienes se les han impuesto medidas cautelares.

También reconoció la necesidad de agilizar los procedimientos judiciales y mejorar la coordinación con la Fiscalía General del Estado, particularmente para dar seguimiento a los expedientes y evitar retrasos en las resoluciones.

La saturación de las agendas de los juzgados y el diferimiento de audiencias fueron otros de los puntos señalados por los diputados, quienes preguntaron por las medidas para garantizar que las sentencias se emitan dentro de los plazos que establece la ley.

En cuanto a la atención de la violencia contra las mujeres, el titular del Poder Judicial anunció la puesta en marcha del programa Jueces Violeta, dirigido a brindar atención especializada en asuntos relacionados con delitos de violencia de género. 

Durante la comparecencia también se planteó la necesidad de fortalecer las órdenes de protección y la capacitación de quienes imparten justicia con perspectiva de género.

El acceso a los tribunales para las comunidades indígenas también formó parte de la revisión. Fragozo López destacó los acuerdos de colaboración con otras instituciones, entre ellos uno con el Poder Judicial de Oaxaca, para facilitar servicios de interpretación y permitir que las personas puedan recibir atención en sus lenguas maternas.

Sobre las condiciones de las instalaciones judiciales, los legisladores expusieron necesidades en el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de Tecate, así como en los espacios disponibles en Ensenada y la capacidad operativa de San Quintín. 

El magistrado indicó que se han destinado recursos para mejorar la infraestructura y ampliar el personal en este último municipio.

Durante su exposición, también presentó avances en la operación de tribunales corporativos civiles y mercantiles en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, además de acciones para fortalecer los tribunales laborales, el Sistema de Justicia Penal Oral y los centros de convivencia familiar.

Entre los demás asuntos revisados estuvieron la identificación de cuerpos en el Servicio Médico Forense, las evaluaciones psicológicas, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y las acciones contempladas en el Plan de Justicia para San Quintín.

La comparecencia permitió a los integrantes del Congreso revisar el informe del Poder Judicial y plantear cuestionamientos sobre problemas que inciden directamente en los tiempos de atención y la posibilidad de que la población acceda a una resolución judicial.