Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores en Tijuana para manifestar su inconformidad con una evaluación de conocimientos que deberán presentar en diciembre. La movilización forma parte de una protesta simultánea en distintas sedes del país.

La inconformidad de los empleados se centra en los criterios de evaluación y las posibles consecuencias de no presentar la prueba, entre las que, de acuerdo con representantes sindicales, podrían encontrarse sanciones laborales e incluso el despido.

Jesús Daniel Meza, secretario del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, informó que las evaluaciones están programadas para los días 4 y 5 de diciembre, así como el 14 y 15 del mismo mes. Por su parte, el periodo de inscripciones comenzará el próximo 11 de noviembre.

El representante sindical advirtió que los trabajadores que no participen en el procedimiento podrían perder su empleo. “En caso de no hacer la evaluación, pretenden cesarnos”, señaló.

Por otro lado, Abraham Rodríguez, trabajador del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, expresó que está de acuerdo con la aplicación de evaluaciones para medir la preparación de los servidores públicos, al considerar que estos mecanismos también existen en otras profesiones, como la medicina.

Sin embargo, cuestionó la frecuencia con la que se pretende aplicar la prueba y los criterios para determinar sus resultados. Consideró que una evaluación de conocimientos podría realizarse aproximadamente cada cinco años, en lugar de cada año, y enfocarse en aspectos objetivos.

“Te dicen: ah, no, pero la evaluación va a valer el 60 por ciento, el otro 40 por ciento lo voy a decidir con criterios subjetivos”, explicó Rodríguez, al referirse a la ponderación que, según señaló, se pretende aplicar.

El trabajador confirmó que Baja California se sumó al paro nacional y advirtió que la suspensión de actividades también tendrá consecuencias para los ciudadanos que mantienen procedimientos legales en curso.

Explicó que cada órgano jurisdiccional genera diariamente entre 100 y 200 acuerdos, por lo que la interrupción de labores podría retrasar distintos asuntos. Entre los procedimientos que podrían verse afectados mencionó los juicios de amparo, cuya tramitación no avanzaría con normalidad mientras continúe la suspensión.

De esta manera, la protesta de los trabajadores no solo refleja el desacuerdo con el mecanismo de evaluación, sino que también plantea posibles afectaciones en la atención de los asuntos judiciales que se encuentran en proceso.