Un contrato por 22 millones de pesos para recuperar cartera vencida del Impuesto Predial fue cuestionado por el regidor del Partido del Trabajo (PT), Isaías Bertín Sandoval, quien señaló presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación y la falta de autorización del Cabildo.

Durante una reunión con funcionarios de Recaudación de Rentas, el edil exhibió un video en el que se escucha a representantes de esa dependencia solicitar a los integrantes de la Comisión de Hacienda que autoricen el contrato para cubrir los honorarios de la empresa encargada de recuperar los adeudos.

La petición generó el rechazo de Bertín Sandoval, quien cuestionó que se pretendiera comprometer un techo financiero de 22 millones de pesos sin que previamente hubiera sido aprobado por la comisión correspondiente ni por el pleno del Cabildo.

El regidor acusó a los funcionarios de buscar que los integrantes de la comisión avalaran una decisión que ya se había tomado, pese a que, sostuvo, la legislación establece límites para celebrar contratos de esa naturaleza sin contar con la autorización correspondiente.

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También cuestionó quién autorizó la contratación de las empresas y por qué se firmó el documento antes de solicitar el aval de los órganos municipales.

El coordinador del PT pidió que primero se explique quién celebró el contrato, bajo qué condiciones se realizó, quién lo autorizó y por qué se omitió la intervención de la Comisión de Hacienda y del Cabildo. Una vez aclarados esos puntos, señaló, podría discutirse su aprobación.

El antecedente de esta controversia se remonta al pasado 1 de septiembre, cuando el asunto fue retirado del orden del día de una sesión de Cabildo y enviado a comisiones para su análisis y dictaminación, aunque el contrato ya había sido firmado.

En aquella sesión, la tesorera municipal presentó ante el pleno, mediante el oficio TM/3454/08/2026, una solicitud de creación y ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, a petición de la Dirección de Recaudación.

La propuesta contemplaba asignar 22 millones de pesos a esa dependencia para contratar empresas especializadas en recuperar cuentas vencidas de contribuyentes con adeudos de Impuesto Predial considerados de difícil cobro.

En ese momento, varios regidores señalaron que no contaban con información suficiente para evaluar la propuesta, pues no se habían proporcionado los nombres de las empresas, sus domicilios ni los honorarios que cobrarían. También advirtieron que faltaban los anexos necesarios para revisar la solicitud.

Aunque inicialmente se planteó resolver el asunto como de obvia y urgente resolución, las dudas sobre la falta de documentación provocaron que varios ediles se opusieran a votarlo en ese momento y solicitaran turnarlo a comisiones.

La nueva controversia se centra ahora en que, pese a que la autorización presupuestal quedó pendiente de revisión, el contrato ya había sido celebrado, situación que el regidor considera que debe aclararse antes de comprometer los recursos municipales.