Los resultados en materia de seguridad y las condiciones del sistema penitenciario fueron motivo de cuestionamientos durante la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, ante el Congreso de Baja California, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno.

Mientras el funcionario presentó cifras sobre detenciones, operativos y disminución de algunos delitos, legisladores expresaron preocupación por la incidencia de homicidios y las presuntas irregularidades que ocurren al interior del penal de Tijuana.

Entre los resultados expuestos, Carrillo Rodríguez informó que la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvo a 2 mil 994 personas. De esta cifra, mil 192 correspondieron a delitos del fuero común, 519 al fuero federal, 459 a órdenes de aprehensión nacionales y 24 a requerimientos internacionales. También reportó la captura de 160 objetivos prioritarios.

En cuanto al combate a la extorsión, destacó la realización de 110 operativos interinstitucionales, que derivaron en 126 detenciones y la desarticulación de 56 células delictivas.

El secretario también presentó reducciones en distintos indicadores delictivos, entre ellos homicidio doloso, con 21 por ciento; robo de vehículos, 26 por ciento; feminicidio, 13 por ciento, y robo a casa habitación, 12 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A estos resultados sumó los avances de la campaña de desarme en Mexicali, mediante la cual se recibieron 97 armas de fuego, 350 cargadores y 10 mil 547 cartuchos. Asimismo, reportó 2 mil 117 operativos coordinados en Baja California.

Sin embargo, las cifras no evitaron los cuestionamientos de los legisladores. El diputado Juan Diego Echevarría pidió detalles sobre las estrategias y metas para disminuir los homicidios, al recordar que Baja California llegó a ocupar el primer lugar nacional en víctimas de este delito.

El legislador también puso sobre la mesa la preocupación por los niveles de impunidad y la falta de avances en las investigaciones de algunos casos.

Otro de los temas que generó señalamientos fue la operación del Centro de Reinserción Social de Tijuana. La diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja cuestionó los mecanismos de vigilancia y control del penal, ante denuncias sobre presuntos cobros a personas privadas de la libertad por visitas íntimas, teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y otros privilegios.

Además, mencionó señalamientos relacionados con el director del centro penitenciario, Uriel Guerrero González, y solicitó información sobre posibles investigaciones o sanciones contra funcionarios por estas prácticas.

La comparecencia puso sobre la mesa dos de los principales desafíos para las autoridades estatales: reducir la violencia y garantizar que los centros penitenciarios operen bajo condiciones de control y legalidad.