Dos exfuncionarios inhabilitados, 54 denuncias penales y 4 mil 488 procedimientos de responsabilidad administrativa forman parte de los resultados presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California, durante la comparecencia de su titular, María Gabriela Monje Pérez, ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado.

Como parte de la glosa del informe de gobierno, la funcionaria detalló que 28 de las denuncias penales ya fueron judicializadas, mientras que otros 42 expedientes se enviaron al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por posibles faltas graves, entre ellas abuso de funciones y desvío de recursos.

En materia de fiscalización, informó que se realizaron 122 auditorías en los siete municipios del estado, además de integrar 827 comités de Contraloría Social y brindar atención directa a 23 mil 079 personas.

Entre los procedimientos destacados mencionó el caso de un exservidor público vinculado a proceso por presunto tráfico de influencias, luego de que supuestamente recibiera más de 500 mil pesos a cambio de facilitar un trámite.

También expuso los resultados de un operativo de usuario simulado en las oficinas de Recaudación de Rentas de Playas de Rosarito, que derivó en una denuncia contra dos particulares y tres servidores públicos por posibles irregularidades en la expedición de licencias de conducir.

Uno de los cuestionamientos durante la comparecencia estuvo relacionado con FISAMEX. El diputado Juan Diego Echevarría pidió conocer los avances de las investigaciones y las medidas aplicadas contra funcionarios que participaron en los procedimientos de revisión y cobro a usuarios de los organismos operadores del agua.

Al respecto, Monje Pérez informó que existen 15 expedientes vinculados con este caso y que dos exfuncionarios ya recibieron sanciones de inhabilitación, mismas que fueron impugnadas. Agregó que cinco expedientes se encuentran actualmente ante el TEJA y otros dos serán remitidos una vez que concluyan las etapas procesales correspondientes.

La secretaria señaló que algunas investigaciones contemplan posibles faltas graves, como abuso de funciones, en asuntos relacionados con Tecate y Mexicali. Sin embargo, evitó ofrecer detalles adicionales para respetar el principio de presunción de inocencia.

En cuanto a las obligaciones de transparencia, reportó la recepción de 59 mil 888 declaraciones patrimoniales, lo que representa un cumplimiento del 89.47%.

Finalmente, indicó que se aplicaron 75 sanciones administrativas contra servidores públicos: ocho inhabilitaciones, 19 suspensiones, 39 amonestaciones públicas y nueve privadas.