El expediente del viaducto elevado SUBE-T se convirtió en una de las principales exigencias de los habitantes de Otay, quienes reclaman conocer los estudios, permisos y autorizaciones que respaldan su construcción. Ante la falta de información y respuestas oficiales, residentes de distintas colonias realizaron una tercera manifestación para expresar su rechazo al proyecto.

Entre los documentos que buscan obtener se encuentran los estudios de impacto ambiental, la licencia ambiental municipal, los dictámenes correspondientes, las autorizaciones de construcción y los planos de trazo. También solicitaron información sobre las condiciones bajo las cuales se aprobó una infraestructura de carácter estatal.

Los cuestionamientos no se limitan a la documentación. Los habitantes advierten que el desarrollo del viaducto podría modificar las condiciones de sus comunidades, particularmente por la posible eliminación de mil 600 árboles y las consecuencias que tendría la instalación de la estructura en las zonas habitacionales.

Otro de los problemas que señalaron es la falta de alumbrado en el corredor que va del bulevar Limón Padilla hacia la garita de Otay. Los residentes consideran que esta condición debería atenderse, especialmente porque en las inmediaciones existen secundarias y preparatorias.

A ello agregaron su preocupación por la seguridad en los espacios que podrían quedar alrededor de la infraestructura, así como por el comportamiento del tránsito una vez que entre en funcionamiento. Cuestionaron si el viaducto realmente descongestionará la zona o únicamente desplazará los embotellamientos hacia otras calles.

La inconformidad también está relacionada con la falta de interlocución institucional. Guadalupe Blañir, una de las residentes que participa en las movilizaciones, afirmó que han intentado presentar sus argumentos ante distintas instancias, sin conseguir que alguna asuma la atención de sus demandas.

Los vecinos incluso hicieron llegar un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero, según su testimonio, fueron remitidos a dependencias estatales en Mexicali. Tampoco ahí consiguieron una respuesta, por lo que consideran que las autoridades federales y estatales se trasladan mutuamente la responsabilidad.

“Es como si se aventaran la papa caliente, unos dicen que es federal y otros estatal”, señalaron.

Mientras tanto, los trabajos del proyecto llevan alrededor de dos meses detenidos. Los manifestantes relacionaron esta situación con los amparos promovidos por integrantes del sector gastronómico, aunque no cuentan con una confirmación oficial sobre las causas de la pausa.

Para los residentes, las movilizaciones buscan conseguir algo más que una respuesta a su rechazo: exigen que se les informe sobre las condiciones técnicas y ambientales de una obra que consideran tendrá repercusiones en su entorno.

Por ello, adelantaron que mantendrán las protestas hasta conseguir que las autoridades atiendan sus planteamientos y establezcan un diálogo con las comunidades involucradas. “Esto no es un capricho, tenemos fundamentos para realizar esto”, afirmó Blañir.