La falta de respuestas sobre el manejo de los recursos de la Casa del Jubilado llevó a docentes retirados de Mexicali y el Valle a manifestarse para exigir la intervención de la dirigencia estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ante un presunto fraude que estiman en 10 millones de pesos.

Los inconformes también solicitaron cambios en la representación sindical local, al considerar que es necesario renovar a quienes actualmente encabezan la delegación para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.

Blanca Margarita Quiroz Miranda, maestra jubilada, explicó que el pasado 21 de octubre entregaron un documento al secretario general de la Sección 2 del SNTE, Enrique Villanueva Villa, en el que solicitaron la renovación de la dirigencia delegacional y el esclarecimiento de las presuntas irregularidades financieras.

De acuerdo con Quiroz Miranda, los 10 millones de pesos habrían sido reconocidos por Marta Guadalupe Cázares Chávez, exsecretaria general de la delegación. No obstante, indicó que también circulan versiones sobre un posible faltante de hasta 17 millones de pesos.

La representante de los manifestantes señaló que alrededor de 5 mil 600 docentes jubilados de Mexicali y el Valle podrían verse afectados por esta situación. Asimismo, acusó que integrantes de la representación sindical habrían tenido conocimiento de las anomalías desde 2023, sin que se tomaran medidas para atenderlas.

Sobre el origen de los recursos, explicó que la Casa del Jubilado recibe aportaciones de las cuotas sindicales y participaciones del Gobierno del Estado, que en conjunto representarían entre 400 mil y 500 mil pesos mensuales, según sus estimaciones.

Dichos fondos, sostuvo, deben utilizarse para el mantenimiento de las instalaciones y las actividades destinadas a los maestros retirados, por lo que exigió que se informe cuánto dinero ingresó, cómo fue utilizado y quiénes serían responsables de las posibles irregularidades.

Entre las medidas que solicitan se encuentra la convocatoria a una asamblea para renovar la representación delegacional o, en su defecto, establecer una comisión provisional que asuma sus funciones mientras se resuelve el conflicto.

Quiroz Miranda lamentó que hasta el momento no hayan recibido la respuesta esperada por parte de la dirigencia estatal, pese al escrito presentado en octubre, por lo que decidieron llevar sus reclamos a las calles para exigir transparencia y rendición de cuentas.