La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expresó su rechazo a una resolución judicial que ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, ambos acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y malversación de fondos por más de 3 mil millones de pesos (150 mdd).

 

En conferencia desde Palacio Nacional, Pablo Gómez, titular de la UIF, calificó como preocupante la medida, ya que permitirá a los implicados, actualmente prófugos en Estados Unidos, operar libremente en el sistema financiero mexicano, pese a las órdenes de aprehensión en su contra desde 2021.

 

Góñez señaló que la pareja ha evitado ser enviada a México para enfrentar cargos, pero confió en que las autoridades estadounidenses avancen en su extradición:

 

"Esperemos que las cosas cambien y sean extraditados para responder ante la justicia mexicana", declaró.

 

Los investigados, junto con el hermano de Álvarez Puga, Alejandro, habrían utilizado empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero. La UIF asegura que los fondos liberados podrían obstaculizar las indagatorias.

 

La decisión judicial ha reabierto el debate sobre la coordinación entre instituciones en casos de alto impacto financiero, mientras la Fiscalía busca revertir el fallo.