El Gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, ha tomado la decisión de solicitar a las fuerzas de seguridad que evalúen el costo asociado al despliegue policial destinado a contener las recientes protestas. El objetivo declarado es que sean las organizaciones sociales o los manifestantes quienes asuman los gastos incurridos durante estos eventos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó el viernes que el Gobierno emitirá una factura de 60 millones de pesos a las organizaciones sociales, correspondiente al costo del operativo de la marcha del 20 de diciembre. Adorni expresó: "Vamos a intimarlas para que se hagan cargo del gasto".

La disposición, según Adorni, tiene como propósito que los responsables comprendan el costo necesario para "lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas". Destacó que una vez que se complete la cuantificación del operativo, se enviará la factura a las organizaciones participantes.

El representante de Milei señaló que la medida busca poner fin al tiempo del privilegio político y celebró que la sociedad haya reconocido la importancia del ciudadano en este nuevo enfoque. Además, anticipó que el Ministerio de Seguridad revelará un informe con los primeros resultados del operativo este viernes.

Este protocolo establece la posibilidad de emprender acciones legales contra organizaciones sociales o individuos a título personal a los que se les pueda atribuir las protestas, especialmente si se consideran "actos ilegítimos". Estas medidas se toman luego de que Argentina experimentara la segunda jornada consecutiva de protestas tras el decreto de desregulación económica anunciado por Milei el jueves.

 

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