En un revés para el presidente argentino, Javier Milei, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el mandatario mediante decreto a finales del año pasado. La resolución del tribunal se basa en la violación del artículo 99 de la Constitución Argentina, que establece limitaciones al Poder Ejecutivo en la emisión de disposiciones de carácter legislativo, salvo en circunstancias excepcionales.

 

La reforma laboral propuesta por Milei buscaba una desregulación total de la economía y la reducción del intervencionismo estatal como solución a la prolongada recesión que afecta al país sudamericano. Sin embargo, la decisión judicial representa un freno significativo a sus planes, ya que se invalidan disposiciones clave del decreto presidencial.

 

La normativa suspendida contemplaba la ampliación del período de prueba de tres a ocho meses, la eliminación de la doble indemnización por despido en casos de trabajadores no registrados, la consideración de la participación en bloqueos o toma de establecimientos como causa de despido, y la restricción del derecho a huelga en sectores esenciales como la educación, el transporte y las telecomunicaciones, entre otros.

 

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, fue la impulsora de la demanda por inconstitucionalidad, logrando en una instancia previa la suspensión de la aplicación de las reformas laborales. Como parte de la resistencia contra Milei, la CGT convocó a una huelga general y una movilización el pasado 24 de enero.

 

A pesar de este fallo, la batalla legal aún no ha concluido. La Corte Suprema de Justicia será la instancia final que determine la legalidad o no del decreto presidencial. Mientras tanto, Milei se ve impedido de implementar las medidas suspendidas por fallos de instancias judiciales inferiores, generando un compás de espera en el desarrollo de su agenda reformista.