El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentado un importante precedente legal al determinar que la protección contra los efectos del cambio climático antropogénico está intrínsecamente ligada a los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos desde 1950.

El caso, presentado por un grupo de mujeres de avanzada edad contra Suiza, marcó un hito en la lucha por la justicia climática. Los jueces y juezas del TEDH concluyeron que la inacción de Suiza en materia de cambio climático constituía una violación de los derechos de las demandantes, en particular, el derecho al respeto a la vida privada y familiar, así como el derecho a un proceso equitativo.

Esta histórica sentencia no solo implica una prerrogativa individual para demandar medidas más enérgicas de protección climática, sino que también abre la puerta para que organizaciones y otras partes interesadas presenten querellas similares ante el TEDH. De hecho, actualmente, otras seis quejas contra gobiernos de países del Consejo de Europa esperan su turno en Estrasburgo, lo que sugiere un creciente interés y conciencia sobre la intersección entre el cambio climático y los derechos humanos.

Gerry Liston, abogado de la red global de juristas GLAN, señaló que esta sentencia es un triunfo no solo para las demandantes suizas, sino para cada individuo. Además, subrayó que el veredicto obliga a los gobiernos de toda Europa a establecer objetivos de protección climática científicamente fundamentados, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno suizo indica una apreciación diferente, enfatizando que analizarán minuciosamente el veredicto y argumentando que ya están tomando medidas significativas para mitigar el cambio climático.

La sentencia del TEDH también tiene implicaciones más allá de las fronteras europeas. La activista climática Greta Thunberg celebró la decisión como un paso importante en la creciente tendencia de llevar a los gobiernos ante los tribunales por su inacción climática. Esta sentencia podría influir en futuros litigios climáticos en todo el mundo, ya que destaca la responsabilidad de los Estados de actuar con urgencia y eficacia para abordar la crisis climática.

 

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