El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva que endurece las solicitudes de asilo en la frontera con México. Esta medida, una de las más restrictivas de su administración, se implementa en pleno año electoral, a solo seis meses de las elecciones generales de noviembre.

La nueva orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a los migrantes que no superen estrictos estándares de asilo cuando se registren más de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. En el mes de abril, la cifra diaria de arrestos alcanzó una media de 4.200, lo que activa de inmediato la aplicación de la orden ejecutiva.

El endurecimiento de las políticas se relajará únicamente cuando las detenciones diarias disminuyan a un promedio de 1.500 durante 14 días consecutivos, una meta difícil de alcanzar ya que la última vez que se registró una cifra tan baja fue en julio de 2020, en plena pandemia.

Los migrantes que lleguen a la frontera y se encuentren con que se ha superado el umbral de 2.500 detenciones deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen para calificar para el asilo. En caso de no cumplir con este estándar elevado, serán deportados en cuestión de “horas” o “días”.

La orden incluye excepciones para menores no acompañados, víctimas de tráfico de personas, aquellos que enfrenten emergencias médicas agudas o amenazas extremas para su vida y seguridad. Además, se seguirán procesando los casos de asilo de las personas que hayan pedido una cita a través de la aplicación móvil “CBP One”, que ofrece aproximadamente 1.450 citas diarias.

La Casa Blanca defendió la decisión afirmando que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe la expulsión de personas a países donde pueden ser torturadas. Sin embargo, activistas de derechos migratorios han criticado la medida, considerándola un asalto directo al derecho humano fundamental de buscar asilo y advirtiendo que podría empeorar la crisis humanitaria.

 

 

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