La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por el Partido Republicano, aprobó una resolución que declara en desacato al fiscal general, Merrick Garland. Esta decisión se tomó después de que Garland se negara a publicar las grabaciones del presidente Joe Biden en relación con un caso de mal manejo de documentos clasificados durante su mandato como vicepresidente (2009-2017).

 

La votación, que resultó en 216 votos a favor y 207 en contra, marca un nuevo esfuerzo del Partido Republicano por incrementar la presión sobre la Administración demócrata en el contexto de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. La medida ha sido defendida por el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, quien afirmó que es inaceptable que el Departamento de Justicia y el Poder Ejecutivo "oculten información al Congreso".

 

Este conflicto tiene sus raíces en febrero pasado, cuando el fiscal especial Robert Hur decidió no procesar a Biden por el manejo inadecuado de documentos clasificados. No obstante, en su informe, Hur cuestionó la memoria y las capacidades mentales del presidente. En respuesta, los republicanos exigieron la publicación de las grabaciones de los interrogatorios realizados a Biden, pero el Departamento de Justicia se negó a hacerlo, argumentando la necesidad de proteger sus investigaciones y resaltando que ya habían proporcionado una transcripción del contenido de dichos interrogatorios.

 

La minoría demócrata en la Cámara de Representantes acusa a los republicanos de intentar obtener la grabación para manipularla con fines políticos y electorales. Tras la votación, Garland expresó su decepción en un comunicado, criticando la acción de la Cámara como una politización de una autoridad seria del Congreso. Subrayó la importancia de la separación de poderes y la necesidad del Departamento de Justicia de mantener la integridad de sus investigaciones.

 

Garland se convierte así en el tercer fiscal general en la historia de Estados Unidos declarado en desacato por el Congreso, aunque es poco probable que enfrente consecuencias legales, ya que el propio Departamento de Justicia, dirigido por él, tendría que decidir si procede con el caso.

 

En un desarrollo relacionado, CNN ha presentado una demanda contra la Administración para obtener acceso a la grabación del interrogatorio de Biden, lo que añade otra capa de complejidad y atención mediática a este ya tenso enfrentamiento político.