El fiscal general de Venezuela, William Saab, informó que al menos 25 personas han muerto y 192 han resultado heridas durante las recientes protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. Saab señaló que estos eventos ocurrieron en un contexto de “expresiones criminales” y atribuyó la responsabilidad a “grupos delincuenciales instrumentalizados”.

El periodo de violencia se concentró entre el 29 y 30 de julio, con un 84% de las muertes ocurriendo en esos días. Según Saab, entre los fallecidos hay dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, y la mayoría de las víctimas eran jóvenes.

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha exigido el "cese inmediato" de la represión y la investigación exhaustiva de los actos de violencia que han resultado en las 25 muertes. La misión ha señalado que estas deben ser investigadas a fondo, y los responsables, incluidos cuerpos de seguridad y civiles armados que actúan en connivencia con ellos, deben rendir cuentas.

Además, se han registrado al menos 1.260 detenciones, con 160 mujeres entre ellas. La Misión crítica las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a un debido proceso y las imputaciones desproporcionadas por delitos graves como terrorismo. Entre los detenidos, más de 100 son menores de edad, quienes han sido imputados por los mismos delitos que los adultos y enfrentan graves violaciones a sus derechos.

El gobierno de Venezuela ha respondido a las protestas con una represión que ha generado un clima de temor generalizado. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan observando la situación con preocupación y han llamado al gobierno venezolano a cesar la represión y garantizar justicia y respeto por los derechos humanos.

 

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