Colombia ha dado un importante paso en la protección de los derechos de los niños y niñas al aprobar, por fin, la prohibición del matrimonio infantil. El Senado aprobó este miércoles, en un histórico debate, un proyecto de ley que erradica las uniones tempranas de menores de 18 años. Este proyecto, respaldado por todos los sectores políticos, elimina un artículo del Código Civil vigente desde 1887 que permitía el matrimonio de niñas y niños mayores de 14 años con el consentimiento de los padres.

 

La iniciativa, que ha sido celebrada por colectivos que defienden los derechos de la infancia, también ofrece una vía para que aquellos menores ya casados o en uniones de hecho puedan anular su compromiso. La senadora Clara López y la representante Jennifer Pedraza, quienes lideraron la propuesta, destacaron que este logro refleja un compromiso con la frase "son niñas, no esposas", lema que ha acompañado la lucha por erradicar esta práctica en el país.

 

El proyecto de ley llega en un contexto de creciente preocupación social tras el lanzamiento de la polémica canción +57 de varios artistas colombianos, que fue criticada por sexualizar a una niña de 14 años. El rechazo a este tema y la presión pública sobre los artistas para modificar la letra fueron factores que, según los defensores del proyecto, contribuyeron al éxito de la legislación. "Nuestro objetivo primordial es asegurar que ningún niño o niña siga sufriendo las crueles consecuencias de los matrimonios infantiles", afirmó Pedraza.

 

Con la prohibición del matrimonio infantil, Colombia avanza en la garantía de los derechos humanos y se alinea con los estándares internacionales establecidos por la ONU y Unicef. Esta decisión apoya el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo 5.3, que busca eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro no había priorizado esta medida, sí se enmarca dentro de su Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial para la Vida, que busca prevenir y erradicar las uniones tempranas.

 

Ángela Anzola, directora de la Fundación Plan, indicó que, aunque esta legislación no resuelve todos los problemas relacionados con los derechos de la niñez, es un paso crucial. "Es un blindaje legal con el que el país está en deuda. Lo que sigue es reforzar la educación sobre los derechos de los niños y niñas, su salud sexual y reproductiva, y garantizarles una trayectoria educativa", explicó.