La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó este lunes una demanda contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), exigiendo acceso a registros detallados sobre las operaciones aéreas de deportación. La querella, respaldada por la Ley de Libertad de Información (FOIA), apunta a revelar cómo se utilizan recursos públicos en estas actividades y sus implicaciones sociales.

 

La demanda, interpuesta en el Tribunal del Distrito Central de California, solicita específicamente información sobre los vuelos fletados por ICE Air Operations, utilizados tanto para deportaciones como para el traslado interno de migrantes entre centros de detención. Según datos de 2023, más de 140,000 personas fueron deportadas en estos vuelos, que emplean tanto aviones privados como comerciales y abarcan trayectos largos, desde Texas hasta Washington.

 

ACLU sostiene que ICE se ha negado repetidamente a entregar esta información, a pesar de una solicitud formal presentada en agosto pasado. Eva Bitran, directora de derechos de los inmigrantes en ACLU del sur de California, afirmó que “el público tiene derecho a saber cómo se utilizan los dólares de los contribuyentes para financiar vuelos que destruyen familias y comunidades”.

 

La demanda, respaldada por el prestigioso bufete Mayer Brown LLP, también busca esclarecer los detalles de los contratos, los aeródromos empleados y otros aspectos logísticos relacionados con estas operaciones.

 

El contexto político actual incrementa la urgencia de esta demanda. Con el presidente electo, Donald Trump, próximo a asumir el cargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes temen una ampliación significativa de la infraestructura de ICE. Trump confirmó recientemente que planea utilizar a las Fuerzas Armadas y declarar una emergencia nacional para implementar deportaciones masivas, una medida que ha generado amplio rechazo entre activistas y comunidades afectadas.

 

“La red de operaciones aéreas del ICE podría ser clave para el cumplimiento de los agresivos planes migratorios de la nueva administración republicana”, advierten los defensores.