En un caso que ha conmocionado a la opinión pública, las autoridades brasileñas rescataron a 163 trabajadores chinos que laboraban en condiciones análogas a la esclavitud. Los operarios estaban involucrados en la construcción de una fábrica de la automotriz BYD, ubicada en Camaçari, en la región metropolitana de Salvador, Bahía. El hallazgo fue resultado de inspecciones iniciadas en noviembre y coordinadas por el Ministerio Público del Trabajo (MPT).

 

Según el comunicado del MPT, las condiciones de vida y trabajo de estos obreros eran “precarias” y “degradantes”. Los empleados, subcontratados por el Grupo Jinjiang, enfrentaban situaciones críticas: el 60 % de sus salarios era retenido y sus pasaportes, confiscados.

 

En los alojamientos asignados, los trabajadores dormían en camas sin colchón, carecían de espacios para guardar sus pertenencias y compartían un solo baño entre 31 personas. Además, las áreas destinadas a la alimentación eran insalubres, con cocinas en malas condiciones y alimentos almacenados cerca de los baños. Muchos se veían obligados a comer en sus camas y a consumir agua directamente de la llave, sin ningún tipo de tratamiento.

 

Las inspecciones también revelaron un entorno laboral peligroso. En el sitio de las obras, apenas había ocho baños químicos disponibles para unos 600 trabajadores. Estos estaban en un estado deplorable, sin agua, papel higiénico ni mantenimiento adecuado. Los operarios, expuestos a intensa radiación solar sin protección, presentaban signos visibles de daño en la piel y enfrentaban riesgos constantes de accidentes laborales.

 

Tras el rescate, parte de los trabajadores fue trasladada a un hotel, mientras otros permanecen temporalmente en los alojamientos intervenidos. Ninguno de ellos podrá reincorporarse a sus labores, y los contratos laborales serán rescindidos. Las obras y alojamientos han sido embargados y no se reanudarán actividades hasta que los órganos fiscalizadores garanticen la regularización de las condiciones.

 

El próximo jueves 26 de diciembre, el MPT y el Ministerio del Trabajo llevarán a cabo una audiencia virtual conjunta para que las empresas implicadas —BYD y el Grupo Jinjiang— presenten un plan de acción. Dicho plan deberá incluir medidas que aseguren el cumplimiento de las normas laborales y los derechos básicos de los trabajadores.