La controversia en torno a la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que impide la obtención de la ciudadanía estadounidense por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, ha desencadenado una batalla legal en los tribunales de Nueva York.

 

Este jueves, la Coalición de Inmigración de Nueva York y una inmigrante venezolana embarazada interpusieron una demanda contra la Administración Trump ante el tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Argumentan que la medida viola la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en el país tiene derecho a la ciudadanía.

 

La orden ejecutiva, firmada el 21 de enero, ha sido objeto de múltiples demandas a nivel nacional y ya ha sido bloqueada temporalmente por dos jueces federales. En su demanda, los querellantes, representados por la organización de derechos civiles Latino Justice PRLDEF, alertan sobre las graves consecuencias de la medida, incluyendo la creación de una generación de niños apátridas y la discriminación basada en la ascendencia y el origen de los padres.

 

Entre los afectados por esta polémica disposición se encuentra J.V., una inmigrante venezolana de 31 años que llegó a Estados Unidos en 2023 y cuenta con un Estatus de Protección Temporal (TPS) que expira en abril de este año. Su hijo, que nacerá en junio de 2025, podría quedar sin ciudadanía si la orden presidencial entra en vigor.

 

"Eliminar este derecho obligaría a miles de niños a vivir en la sombra de la sociedad, privándolos de documentación legal, acceso a atención médica, nutrición y educación", advierte la demanda. Además, sostiene que la medida pone en riesgo la estabilidad de las familias inmigrantes y podría llevar a la deportación de menores.

 

La presidenta de Latino Justice enfatizó que "la definición de ciudadanía está claramente consagrada en nuestra Constitución y ha sido una cuestión de derecho establecido durante 127 años. No puede ser alterada arbitrariamente por una persona".

 

El caso podría sentar un precedente en la lucha por los derechos de los inmigrantes en EE.UU. mientras los tribunales federales deciden el futuro de la orden ejecutiva y su impacto en miles de niños nacidos en el país.