El gobierno de Estados Unidos implementó una polémica medida que permitirá al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir información confidencial de contribuyentes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y deportar a migrantes indocumentados. Este acuerdo, firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, forma parte de la estrategia de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

Según documentos obtenidos por medios estadounidenses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enviará al IRS los nombres y direcciones de personas investigadas por violaciones migratorias, incluyendo aquellas con órdenes de deportación. A cambio, el IRS verificará y confirmará la exactitud de estos datos con sus registros tributarios. Las autoridades justifican el acuerdo en facultades otorgadas por el Congreso, asegurando que protege la privacidad de ciudadanos mientras facilita la persecución de infractores.

 

The IRS has agreed to share immigrants’ tax information with ICE to facilitate deportations pic.twitter.com/vb3SAtYcn3

— BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) April 8, 2025

Sin embargo, el documento de 15 páginas tiene secciones editadas, lo que impide conocer con precisión qué tipo de información fiscal será compartida. Esto ha generado fuertes críticas de organizaciones proinmigrantes, legisladores demócratas y expertos en privacidad, quienes advierten que el IRS está violando su deber de resguardar los datos de los contribuyentes. El abogado Nandan Joshi, de la organización Public Citizen, denunció que el acuerdo permite el acceso a información sensible sin una orden judicial, como exige la ley.

Funcionarios del IRS habrían expresado reservas internas, señalando que el pacto podría infringir leyes de privacidad tributaria, cuya violación conlleva sanciones penales. Además, activistas destacan que la estadía irregular es una falta civil, no un delito, por lo que el uso de datos fiscales para deportaciones resulta desproporcionado.

 

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El DHS defendió la medida, afirmando que "finalmente se comparte información entre agencias para resolver problemas", mientras el Tesoro insistió en que el acuerdo sigue protocolos seguros. No obstante, el debate sigue abierto, pues el plan afecta a una población estimada de 11 millones de indocumentados, en medio de una ofensiva migratoria que ya incluye redadas y la aplicación de leyes extremas para deportaciones aceleradas.

La controversia estalla en una fecha clave: el 15 de abril, plazo límite para que los estadounidenses presenten sus declaraciones de impuestos, lo que resalta la ironía de que el IRS ahora colabore en una campaña que, según críticos, amenaza los derechos de millones.

 

 

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