La Universidad de Harvard ha lanzado una contundente respuesta al gobierno del presidente Donald Trump, luego de que este firmara una orden ejecutiva que suspende por seis meses con posibilidad de prórroga la emisión de nuevas visas para estudiantes extranjeros admitidos en la institución.

La medida, anunciada este miércoles, afecta tanto a nuevos ingresos como a quienes planeaban integrarse mediante programas de intercambio. Además, instruye al Departamento de Estado a revisar y, eventualmente, revocar visas ya concedidas. La Casa Blanca justificó la decisión alegando motivos de “seguridad nacional” y acusó a Harvard de tener “vínculos extranjeros preocupantes” y de tolerar “radicalismo” en su campus.

Harvard no tardó en reaccionar. A través de un comunicado oficial, calificó la medida como “un acto de represalia ilegal” que, a su juicio, viola los derechos constitucionales de la universidad, particularmente los amparados por la Primera Enmienda. “Seguiremos protegiendo a nuestros alumnos internacionales”, declaró la institución.

La confrontación entre la Casa Blanca y Harvard no es nueva. El pasado 29 de mayo, una jueza federal bloqueó un intento anterior del gobierno de impedir la admisión de estudiantes extranjeros en la universidad. En aquel momento, la corte permitió que Harvard continuara con sus procesos de admisión internacional mientras se resuelve el caso legal en curso.

“El fallo judicial nos permite seguir recibiendo a estudiantes y académicos internacionales, quienes son parte esencial de nuestra misión educativa y aportan un valor incalculable al país”, subraya el comunicado universitario.

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión entre la administración Trump y el mundo académico. Además de las restricciones migratorias, el gobierno ha congelado subvenciones a la universidad y ha acusado a Harvard de mantener un sesgo progresista, de aplicar criterios raciales en sus procesos de admisión y de no sancionar adecuadamente expresiones consideradas antisemitas en su campus.

Harvard, por su parte, sostiene que está siendo objeto de una campaña de represalias y reafirma que no cederá a presiones políticas que busquen condicionar su autonomía académica.