El adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un evento de campaña en Bogotá fue parte del programa social “Jóvenes en Paz”, confirmó este lunes el presidente Gustavo Petro.

 

El mandatario indicó que el joven había sido identificado previamente por las autoridades distritales por su comportamiento conflictivo. "Fue recogido por un programa del gobierno distrital y luego trasladado al programa de mi gobierno, ‘Jóvenes en Paz’. Allí se evidenció que no tenía capacidad para generar vínculos sociales y abandonó voluntariamente tras dos meses sin asistir a clases", señaló Petro en su cuenta de X (antes Twitter).

 

“Jóvenes en Paz”, creado en 2023 y operado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, busca ofrecer alternativas a jóvenes en contextos vulnerables para alejarlos de entornos de violencia. Sin embargo, el caso del atacante plantea dudas sobre los mecanismos de seguimiento a los beneficiarios.

 

El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: "jóvenes en paz"

Allí, el informe que tengo de los profesionales, es que demostró una personalidad completamente…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2025

 

El atentado ocurrió el sábado durante un mitin electoral en el sur de Bogotá. El joven disparó al menos tres veces contra Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en una clínica de la capital. El atacante fue capturado minutos después, con una herida de bala en la pierna.

 

La fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que el menor es “un ejecutor material” y que la Fiscalía ya investiga quiénes estarían detrás del ataque. “Nuestro objetivo es identificar a quienes planearon o indujeron esta acción criminal”, declaró en rueda de prensa.

 

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La audiencia de imputación de cargos se realizará este lunes. El joven enfrentará acusaciones por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, delitos por los que podría recibir una pena de hasta 8 años de prisión. No obstante, no será enviado a un centro de detención para menores debido a riesgos de seguridad. En su lugar, será recluido en una zona especial del búnker de la Fiscalía, bajo estricta vigilancia y sin contacto con adultos.

 

Según la Policía Nacional, el arma utilizada fue rastreada hasta Arizona, Estados Unidos, donde fue adquirida por primera vez en agosto de 2020. Las autoridades no han revelado aún cómo llegó el arma al país ni en manos del menor.

 

Este caso reaviva el debate sobre la efectividad de los programas sociales dirigidos a jóvenes en riesgo, así como sobre el tráfico de armas y la seguridad en actos políticos en Colombia.