Pese a las crecientes críticas de distintos sectores productivos, el gobierno de Estados Unidos mantendrá las redadas laborales dirigidas a migrantes, pero enfocadas en aquellos con historial delictivo, según declaró este miércoles Tom Homan, zar fronterizo del país.

 

“Vamos a seguir haciendo estas operaciones en los lugares de trabajo, incluidos granjas y hoteles, pero sobre una base prioritaria. Los criminales son lo primero”, afirmó Homan durante una rueda de prensa, reiterando que se dará prioridad a migrantes implicados en delitos graves como trata de personas, trabajo forzoso, fraude fiscal o evasión de impuestos.

 

Estas declaraciones refuerzan la postura del presidente Donald Trump, quien recientemente decidió seguir adelante con los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de haber insinuado días antes una posible moderación para no afectar sectores como la agricultura, hotelería o restauración, altamente dependientes de mano de obra migrante.

 

Trump admitió que su estricta política migratoria ha impactado a diversas industrias, pero defendió su estrategia al asegurar que el objetivo principal es remover del país a quienes representan una amenaza para la seguridad. “Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los CRIMINALES FUERA DE EE.UU.”, escribió en su red social Truth Social.

 

Consultado sobre las preocupaciones de los empleadores agrícolas, Homan fue tajante: “Hay formas correctas e incorrectas de contratar trabajadores”.

 

Además, el funcionario señaló que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos en las llamadas "ciudades santuario", donde las autoridades locales limitan su cooperación con agentes federales de inmigración. “Ahí es donde está el problema. Liberan (a migrantes) a sabiendas de que eso supone una amenaza a la seguridad pública”, enfatizó.

 

Homan comparó esta situación con la de estados como Florida, donde los gobiernos locales colaboran activamente con las órdenes de detención emitidas por ICE. “Tenemos que concentrarnos donde sabemos que los sueltan a la calle”, concluyó.

 

Las declaraciones han encendido nuevamente el debate sobre el equilibrio entre seguridad y economía, en un país donde gran parte de la fuerza laboral en sectores esenciales está conformada por migrantes.