El gobierno japonés ejecutó este viernes a Takahiro Shiraishi, un hombre de 34 años que conmocionó a la sociedad en 2017 al asesinar y descuartizar a nueve personas, a quienes contactó a través de Twitter (hoy X) tras detectar en sus publicaciones indicios de ideación suicida.

 

El caso, ampliamente cubierto por medios locales e internacionales, dejó una huella profunda por su violencia, su trasfondo psicológico y el uso de redes sociales para perpetrar los crímenes. Las víctimas, ocho mujeres y un hombre de entre 15 y 26 años, fueron asesinadas entre agosto y octubre de ese año en el departamento del ejecutado, ubicado en la ciudad de Zama, prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio.

 

De acuerdo con la cadena estatal NHK, la ejecución se llevó a cabo en la mañana de este viernes en un centro de detención de la capital japonesa, siendo la primera en el país desde julio de 2022. La orden fue firmada por el ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, quien explicó que la decisión fue tomada con “máxima consideración” debido a la gravedad del caso.

 

“El crimen causó una gran conmoción en la sociedad y un profundo sentimiento de inseguridad, por la pérdida de nueve vidas humanas motivada por el deseo sexual y económico del autor”, señaló Suzuki.

 

Durante el proceso judicial, la defensa de Shiraishi intentó argumentar que se trataba de homicidios con consentimiento, ya que las víctimas habrían expresado su deseo de morir. Sin embargo, esa versión fue desestimada por el tribunal luego de que el propio acusado admitiera que varias personas se resistieron al estrangulamiento y que, además, cometió robos y agresiones sexuales.

 

Shiraishi nunca mostró intención de apelar la condena. “No pienso impugnar la pena, aunque sea la muerte”, dijo durante el juicio.

 

Su abogado, Akira Omori, calificó la ejecución como “repentina” y pidió tiempo para reflexionar, aunque no ofreció más declaraciones.

 

La ejecución de Shiraishi reduce a 105 el número de personas condenadas a muerte en Japón, de las cuales 49 aún esperan la revisión de sus sentencias. El caso ha vuelto a abrir el debate sobre la pena capital en el país asiático, que la mantiene vigente y con apoyo mayoritario de la opinión pública.