La ciudad de Los Ángeles enfrenta una demanda federal interpuesta por la administración del presidente Donald Trump, que acusa a las autoridades locales de obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias mediante sus políticas de “ciudad santuario”.

 

La querella, presentada en el Tribunal del Distrito Central de California, señala directamente a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson. El gobierno federal asegura que Los Ángeles reforzó su postura santuario tras la victoria electoral de Trump, quien hizo de la deportación masiva de migrantes una de sus principales promesas de campaña.

 

El documento legal centra sus críticas en la ordenanza ‘Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement’, firmada por Bass en diciembre de 2024. Esta ley local prohíbe que agencias federales como ICE y CBP utilicen recursos municipales para llevar a cabo detenciones o redadas migratorias en la ciudad.

 

“Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la aplicación de la ley federal, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la Ciudad ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a erradicar”, declaró el fiscal federal Bill Essayli en un comunicado.

 

El Departamento de Justicia acusa además a la ciudad de negarse a colaborar con las autoridades federales, de discriminar a las agencias migratorias al restringir su acceso a recursos municipales y de alentar protestas que derivaron en violencia contra agentes federales.

 

La demanda llega en un momento tenso: desde hace cuatro semanas, California es escenario de operativos migratorios intensivos que han provocado manifestaciones y choques entre manifestantes y autoridades. Como respuesta, Trump ordenó el despliegue de 4 mil elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, decisión tomada sin autorización del gobernador estatal, algo que no ocurría desde hace seis décadas.

 

Aunque Los Ángeles aprobó formalmente ser ciudad santuario a finales de 2024, su política de restringir la cooperación policial con autoridades migratorias federales tiene raíces que datan de hace casi 50 años, cuando se estableció una orden especial que prohíbe a los policías locales detener a una persona solo para averiguar su estatus migratorio.