En un nuevo capítulo de la disputa entre la administración Trump y las universidades estadounidenses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó formalmente a la Universidad de Harvard entregar documentos confidenciales de sus estudiantes internacionales, argumentando "incumplimiento migratorio".

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Harvard ha rechazado cooperar con solicitudes previas, lo que llevó a emitir un requerimiento administrativo obligatorio para acceder a registros de alumnos extranjeros desde 2020. La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, acusó a la institución de permitir que "estudiantes abusen de sus visas y promuevan ideologías violentas", una afirmación que Harvard niega categóricamente.

La universidad, que ya enfrenta la congelación de $2,000 millones en fondos federales por acusaciones de antisemitismo, denunció la medida como una "extralimitación del Gobierno". Un portavoz declaró que, aunque cumplieron parcialmente con entregas de documentos en abril y mayo, el DHS los consideró "insuficientes" y ahora busca controlar arbitrariamente sus políticas de admisión y enseñanza.

En junio, Harvard logró frenar temporalmente en los tribunales un veto migratorio que impedía a sus estudiantes y académicos internacionales participar en intercambios. Sin embargo, el DHS advirtió a otras universidades que "las consecuencias por no colaborar serán graves", en lo que parece una advertencia para instituciones con posturas críticas al Gobierno.

Analistas señalan que el conflicto refleja la batalla ideológica de la administración Trump contra universidades que considera "opuestas a la diversidad de pensamiento". El año pasado, un grupo de trabajo federal acusó a Harvard de discriminación en sus políticas de admisión, aunque la universidad insiste en que las acusaciones son infundadas.

Mientras el caso avanza en cortes, la comunidad académica alerta sobre el riesgo para la autonomía universitaria y el clima de persecución hacia estudiantes extranjeros. Harvard reiteró que seguirá defendiendo su posición legalmente, pero el mensaje del Gobierno es claro: la presión no cederá.