Un juez federal de New Hampshire bloqueó este jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, uno de los pilares históricos consagrados en la 14ª Enmienda de la Constitución.

 

El magistrado Joseph Laplante, designado por el expresidente George W. Bush, calificó la medida de Trump como un “cambio abrupto” que causaría “daños irreparables”. Sin embargo, concedió una pausa de siete días en su fallo para que el Gobierno federal pueda presentar una apelación.

 

“La ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio que existe en el mundo”, subrayó Laplante al emitir su decisión, que responde a una demanda colectiva impulsada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

 

La orden ejecutiva de Trump, anunciada apenas en su segundo día de mandato, estaba programada para entrar en vigor el próximo 27 de julio. El Tribunal Supremo había anulado previamente otras órdenes de bloqueo dictadas por jueces estatales, argumentando que no podían frenar una directriz de alcance federal.

 

Según el fallo, la suspensión busca proteger a “los niños existentes y futuros” que nacerían en territorio estadounidense, aunque no se extiende a sus padres, como pedían los demandantes. Entre ellos se encuentra Barbara, una solicitante de asilo hondureña embarazada cuyo hijo está previsto para octubre.

 

La demanda recuerda que el derecho a la nacionalidad por nacimiento ha sido definido durante más de un siglo como un “tesoro” constitucional y un elemento clave de la identidad democrática del país.

 

Paralelamente, el Departamento de Educación de Estados Unidos revocó una norma vigente desde 1997 que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos destinados a programas de educación técnica, profesional y para adultos.

 

La secretaria de Educación, Linda McMahon, argumentó que estos recursos “deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses” y no a “inmigrantes ilegales”. La nueva interpretación, que comenzará a aplicarse en agosto, se basa en la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), la cual restringe el uso de beneficios públicos federales principalmente a ciudadanos y residentes permanentes.

 

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, los contribuyentes estadounidenses dejarán de financiar la participación de inmigrantes ilegales en estos programas educativos”, añadió McMahon en un comunicado.