Grupos defensores de los derechos humanos presentaron una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump, acusándola de impedir el acceso a asesoría legal a personas migrantes detenidas en el nuevo centro Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida.

 

La querella fue interpuesta por organizaciones como Florida Keys Immigration, Sanctuary of the South y la ACLU de Florida, quienes argumentan que el gobierno republicano ha creado un entorno que bloquea el contacto entre los detenidos y sus representantes legales, obstaculizando su derecho al debido proceso.

 

Entre las principales acusaciones destacan la prohibición de visitas presenciales de abogados, la censura de comunicaciones por teléfono y videollamadas, y la restricción del intercambio de documentos legales. Estas medidas, aseguran los demandantes, hacen prácticamente imposible presentar solicitudes de liberación para los detenidos.

 

Podría interesarte: Migrantes denuncian comida con moho y hambre extrema en centros de detención de ICE

 

“Estas barreras son ilegales y crueles. Impiden a nuestros clientes ejercer sus derechos más básicos”, denunció Eunice Cho, abogada principal del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.

 

Además de las restricciones legales, la demanda señala que las condiciones del centro son “inhumanas”, con temperaturas extremas, proliferación de mosquitos, problemas sanitarios severos y falta de acceso a agua potable y alimentación adecuada. Los testimonios recabados describen retretes desbordados que los migrantes han tenido que limpiar con las manos, comida en mal estado y prácticas que niegan el ejercicio de creencias religiosas.

 

La instalación, construida en tiempo récord sobre un antiguo aeródromo en medio de los humedales del sur de Florida, ha sido criticada por activistas y especialistas por su localización remota y peligrosa, rodeada de fauna salvaje como caimanes y pitones, y por su estructura improvisada, basada en carpas.

 

“Este centro no es un lugar de detención, es una trampa diseñada para deshumanizar y aislar. Representa una amenaza directa a los valores democráticos y al Estado de derecho”, concluyó Cho.

 

El Gobierno federal no ha emitido una respuesta formal a la demanda hasta el momento.