El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones este miércoles a cuatro personas y trece empresas mexicanas vinculadas a un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las operaciones están concentradas en Puerto Vallarta y sus alrededores, un destino turístico que también funciona como bastión estratégico del cartel.

 

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los estafadores apuntan principalmente a estadounidenses mayores. Desde call centers en México, los delincuentes contactan a las víctimas haciéndose pasar por agentes de bienes raíces, abogados o intermediarios financieros. Les exigen “cuotas” y “impuestos” por adelantado para acceder a supuestas ganancias, dinero que nunca llega a destino y que alimenta la economía ilícita del CJNG.

 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar todas las fuentes de ingresos de los carteles, incluyendo el narcotráfico, la extorsión y el robo de combustible. “Estos grupos continúan inventando nuevas formas de generar recursos que financian operaciones criminales. No podemos permitir que se aprovechen de los ancianos estadounidenses”, declaró.

 

Considerado uno de los carteles más poderosos y violentos del mundo, el CJNG ha recurrido a ataques con armamento militar, drones y asesinatos selectivos para consolidar su control y multiplicar sus ganancias ilícitas. Además de traficar drogas, el cartel ha diversificado sus ingresos a través del fraude de tiempo compartido y otros delitos financieros.

 

Entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por fraudes de tiempo compartido vinculados al CJNG. Solo en 2024, se registraron más de 900 denuncias con pérdidas superiores a 50 millones de dólares. Las autoridades advierten que estas cifras podrían ser mucho mayores, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desconocimiento.

 

Entre los sancionados se encuentran Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudino Haro y Michael Ibarra Díaz Jr., así como 13 empresas ligadas a Ibarra, entre ellas agencias inmobiliarias, operadoras turísticas y firmas de consultoría. Todos sus bienes en EE. UU. quedan bloqueados, y cualquier transacción no autorizada con ellos está prohibida, bajo riesgo de sanciones civiles o penales.

 

Las autoridades estadounidenses instan a quienes consideren adquirir un tiempo compartido en México a investigar a fondo cualquier oferta. El FBI y FinCEN ofrecen recursos para denunciar fraudes en IC3.gov, y los adultos mayores pueden comunicarse con la Línea Nacional de Fraude a Personas Mayores del Departamento de Justicia al 833-FRAUD-11 (833-372-8311).