El ejército israelí anunció este jueves que ha solicitado formalmente al personal médico y a las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza que elaboren planes de evacuación inmediata. La medida se produce en anticipación a una amplia ofensiva militar para tomar el control de la zona, incluida la Ciudad de Gaza.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se planea una "evacuación completa de la población de Gaza hacia el sur de la Franja". La advertencia dirigida a las autoridades de salud detalla: "Esto requiere que prepare un plan para trasladar el equipo médico de norte a sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes del sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte".

 

Las FDI aseguraron que proporcionarán "un lugar donde alojarse, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro", e insistieron en la importancia de que la información se reciba "de una fuente oficial".

 

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Este anuncio se produce un día después de que el Ministerio de Defensa de Israel aprobara la operación militar y ordenara el reclutamiento de aproximadamente 60.000 reservistas, una movilización significativa que apunta a una escalada sustancial de las hostilidades.

 

La comunidad internacional ha expresado una profunda preocupación ante estas medidas, temiendo que una campaña militar a gran escala agrave la ya catastrófica crisis humanitaria que vive el enclave palestino, el cual ha enfrentado graves dificultades para recibir ayuda básica.

 

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En su instrucción, el ejército israelí afirmó que se están realizando "ajustes en la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja para recibir a los enfermos y heridos", y que se prevé "un aumento en la entrada del equipo médico necesario".

 

Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, rechazó rotundamente la orden de evacuación. En un comunicado, declaró que "expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud" y advirtió que tal acción "privaría a más de un millón de personas de su derecho a recibir atención médica y pondría en peligro inminente la vida de residentes, pacientes y heridos".

 

 

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