Una jueza estadounidense suspendió este domingo los planes del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y se encuentran bajo custodia federal. La magistrada del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, emitió una orden que prohíbe al Ejecutivo realizar las repatriaciones durante dos semanas, tras una solicitud de emergencia presentada por el Centro Nacional de Derecho Migratorio.

 

Protección de menores y debido proceso

 

Según los abogados de los niños, de entre 10 y 16 años, la Administración violó el debido proceso al intentar deportarlos pese a que tienen casos pendientes en tribunales de Inmigración, ignorando además las protecciones especiales para quienes cruzaron solos la frontera. Durante la audiencia, la jueza calificó como “sorprendente” que el Gobierno intentara trasladar a los menores en plena madrugada durante un fin de semana festivo.

 

La orden se produjo mientras varios de los niños ya estaban abordando aviones hacia Guatemala, indicó Drew Ensign, representante del Departamento de Justicia, quien aseguró que el Gobierno desconocía la medida emitida a primera hora del domingo. La decisión afectaría a unos 600 menores guatemaltecos actualmente bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

 

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Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias del HHS, Estados Unidos tenía bajo custodia a 2 mil 198 menores no acompañados en julio, aunque no se especifican nacionalidades. La mayoría de los menores que cruzan la frontera de forma independiente provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, reporta la ONG Save The Children.

 

La repatriación enfrenta además desafíos legales debido al Acuerdo Flores, vigente desde 1997 y supervisado por un tribunal federal en Los Ángeles. Este pacto prohíbe mantener a menores indocumentados en centros de detención por más de 20 días y garantiza su seguridad y bienestar, limitaciones que el Ejecutivo ha buscado modificar en los últimos años.

 

La orden de la jueza Sooknanan marca un obstáculo temporal a la política migratoria del Gobierno estadounidense, mientras los tribunales continúan evaluando los derechos de los menores y la legalidad de las deportaciones.

 

 

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