La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que seis de las personas fallecidas en un reciente bombardeo contra disidencias de las FARC eran menores reclutados de manera forzada. El ataque, ordenado por el presidente Gustavo Petro, tuvo lugar esta semana en zonas rurales del Guaviare y Arauca.

 

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, los niños, niñas y adolescentes fueron involucrados por los grupos armados ilegales y terminaron convertidos en objetivos militares. “La guerra muestra su rostro más doloroso cuando alcanza a quienes deberían estar protegidos”, señaló en un comunicado.

 

El operativo de las Fuerzas Militares, dirigido contra estructuras comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, dejó un total de 19 fallecidos. Autoridades ya habían advertido que entre las víctimas podría haber menores; sin embargo, aún quedan cuatro cuerpos sin identificar.

 

La Defensoría recordó que el Derecho Internacional Humanitario exige proteger a cualquier menor reclutado, y llamó a las fuerzas del Estado a extremar las precauciones para evitar daños colaterales. No obstante, subrayó que la responsabilidad principal recae en los grupos armados que continúan utilizando a niños como combatientes.

 

Marín enfatizó que el reclutamiento forzado es un crimen de guerra y que las disidencias del EMC han usado a menores como escudos humanos al integrarlos en sus filas.

 

El presidente Petro, quien impulsa su política de “paz total”, reconoció que los bombardeos implican riesgos, mientras que el ministro de Defensa reiteró que cualquier persona que toma parte en las hostilidades pierde su condición de protegida bajo el DIH.