El gobierno de Argentina elevó este lunes un reclamo formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) para pedir la detención inmediata de Nicolás Maduro y de otros altos mandos del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos años.

La solicitud fue presentada por el embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, en La Haya. En su intervención, el diplomático aseguró que la situación de derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado de forma “grave y sostenida”, y acusó al gobierno de Maduro de intensificar la persecución política y las detenciones arbitrarias desde las elecciones venezolanas de 2024, cuyos resultados siguen siendo cuestionados por la comunidad internacional.

El representante argentino pidió que la CPI avance “sin más demoras” en la emisión de órdenes de arresto para quienes —según dijo— son responsables de torturas, desapariciones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. También afirmó que la falta de acciones contundentes por parte del tribunal “alimenta la impunidad” y compromete su credibilidad.

Caracas respondió de inmediato, acusando a Buenos Aires de “politizar” el foro internacional y de pretender utilizar a la CPI como herramienta para una disputa geopolítica. El gobierno venezolano negó las acusaciones y afirmó que Argentina actúa siguiendo intereses externos.

La exigencia de Buenos Aires se suma a antecedentes recientes en la región. En 2024, un tribunal argentino ya había solicitado la detención internacional de Maduro en una causa relacionada con secuestros y torturas, aunque sin implicar una acción directa de la CPI.

Con el nuevo pronunciamiento, Argentina se coloca entre los países que presionan con mayor fuerza para que se aceleren las investigaciones sobre Venezuela. La decisión final queda ahora en manos de la Corte Penal Internacional, cuya respuesta podría escalar aún más la tensión diplomática en América Latina.