El Gobierno de Estados Unidos tomó una de sus medidas más duras en meses contra presuntos facilitadores de la migración irregular: la revocación de visas y la imposición de nuevas restricciones migratorias a ejecutivos y altos mandos de una empresa de transporte con sede en México, acusada de operar rutas usadas sistemáticamente por migrantes extranjeros rumbo a la frontera norte.

 

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la compañía habría ofrecido servicios de traslado diseñados específicamente para personas que buscaban ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense. Las medidas fueron tomadas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una herramienta que permite negar la entrada a individuos cuyas actividades puedan generar consecuencias adversas para la política exterior de Washington.

 

Las investigaciones —según funcionarios del Departamento de Estado— señalan que los sancionados organizaron el transporte de migrantes provenientes del Caribe y otras regiones, entre ellos menores de edad, hacia puntos estratégicos en Centroamérica. Desde ahí, muchos fueron detectados intentando cruzar sin autorización hacia Estados Unidos, en un flujo que, aseguran, se volvió parte de una estructura logística lucrativa.

 

El gobierno estadounidense subrayó que la revocación de visas busca impedir que los señalados entren a su territorio mientras continúan las acciones contra redes que, a su juicio, ponen en riesgo la seguridad nacional y se benefician económicamente del fenómeno migratorio.

 

“Estados Unidos no tolerará intentos de vulnerar nuestras leyes migratorias”, advirtieron autoridades, reiterando que continuarán actuando contra quienes participen —directa o indirectamente— en actividades que faciliten el tráfico de personas.

 

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