La administración de Donald Trump prepara una ampliación significativa de las restricciones migratorias en Estados Unidos, que podría impedir la entrada de ciudadanos provenientes de más de 30 países, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

 

En entrevista con el canal Fox News, la funcionaria evitó revelar el listado de naciones involucradas, y sólo señaló que la Casa Blanca continúa analizando qué gobiernos “no ofrecen garantías sobre la identidad y antecedentes de sus ciudadanos”.
“No vamos a permitir el ingreso desde sitios que no pueden colaborar en la verificación de quiénes son estas personas”, afirmó.

 

El anuncio surge días después de que Noem defendiera una prohibición total de viaje desde territorios a los que acusó de “inundar el país con criminales y dependientes de subsidios”, aunque entonces tampoco especificó a qué naciones se refería.

 

Trámites de residencia en pausa para 19 nacionalidades

Paralelamente, una decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está generando preocupación entre miles de migrantes: la institución ordenó la suspensión temporal de procesos de residencia permanente (Green Card) para personas originarias de 19 países catalogados como de prioridad en materia de seguridad nacional.

 

La pausa se implementó a finales de noviembre y afectará a solicitantes de Afganistán, Haití, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Cuba y Venezuela.

 

Agencias internacionales señalan que la medida se adoptó tras la identificación de un ciudadano afgano como presunto responsable de un ataque contra elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca.

 

Restricciones en aumento

El gobierno de Trump ya había aplicado en junio una prohibición de viaje dirigida a ciudadanos de una docena de naciones, así como restricciones adicionales a visitantes de siete países.

 

Organizaciones migrantes advierten que las nuevas revisiones podrían extenderse en el corto plazo y aumentar el número de expedientes congelados, lo que implica retrasos legales y mayor incertidumbre para familias en proceso de regularización.