El Secretario de Estado Marco Rubio compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para testificar sobre la política de la Administración Trump hacia Venezuela, en una audiencia de alto perfil y marcada por la tensión política. La sesión se produjo tras una intensa disputa legislativa sobre los poderes de guerra del presidente, que obligó al propio Rubio y a Trump a intervenir para evitar que el Senado limitara su autoridad para acciones militares en el país caribeño.

La recepción al exsenador por Florida fue considerablemente menos amistosa que hace un año, reflejando el malestar de varios legisladores, tanto republicanos como demócratas, por la falta de comunicación de la Casa Blanca sobre operaciones importantes, como la incursión del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

 

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— Department of State (@StateDept) January 28, 2026

Durante su testimonio, Rubio realizó declaraciones clave para definir la postura actual de Washington. Aseguró de manera categórica que la Administración "no está preparando, ni tiene la intención ni espera tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento próximo". No obstante, dejó una salvedad estratégica al afirmar que el presidente Trump conserva la opción de actuar ante una amenaza directa a la seguridad estadounidense, como la hipotética presencia de una "fábrica de drones iraníes" en la región.

Respecto a la controvertida operación que derrocó a Maduro, Rubio defendió su carácter, describiéndola como una "operación judicial" para arrestar a personas requeridas por narcotráfico, y no como un acto de guerra o una ocupación. Insistió en que la presencia militar se limita a la seguridad de la embajada y que una acción militar más amplia sería contraproducente para los objetivos políticos.

El jefe de la diplomacia estadounidense delineó la estrategia actual, centrada en una estabilización inmediata para evitar una guerra civil o un éxoma masivo, una recuperación económica financiada mediante un mecanismo temporal de venta de petróleo supervisado, y una transición hacia una democracia inclusiva. Sin embargo, mostró un marcado realismo al reconocer que "el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen" chavista heredado. Mencionó que la líder opositora María Corina Machado "puede formar parte" del proceso, pero sin ignorar la compleja realidad del poder.

Rubio gestionó las expectativas, evitando plazos exactos pero estimando que en "tres, cuatro o cinco meses" deberían verse avances sustanciales. Comparó el proceso con transiciones históricas como la española y admitió que no se cambiará "de un día para otro", pero afirmó que el país está en una trayectoria mejor que la de hace un mes.

 

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El presidente del Comité, el senador republicano Jim Risch, aunque agradeció la explicación de Rubio, reflejó en sus comentarios la preocupación latente en el Capitolio por la falta de consulta y el temor a nuevos compromisos militares prolongados. La audiencia fue interrumpida brevemente por un manifestante antigubernamental, lo que subrayó la polarización que genera el tema.

En conclusión, la comparecencia del Secretario Rubio buscó proyectar un mensaje de contención militar y pragmatismo político, garantizando que no se busca una guerra al tiempo que se mantiene abierta una opción de fuerza excepcional. La audiencia evidenció, sin embargo, las profundas grietas entre el poder ejecutivo y el legislativo en el control de la política exterior y el uso de la fuerza, tensiones que persisten a pesar del éxito táctico representado por la captura de Maduro.

 

 

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