La situación de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos atraviesa un momento crítico, marcado por políticas que, según organizaciones civiles, han debilitado la protección laboral y profundizado la vulnerabilidad de comunidades enteras. Así lo advirtió Teto Huezo, integrante de la ONG Jobs to Move America, al señalar que el actual contexto político ha favorecido prácticas empresariales que afectan de manera desproporcionada a migrantes, jóvenes y otros sectores históricamente marginados.

 

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En noviembre de 2025, la organización publicó una investigación centrada en dos grandes empresas automotrices y su cadena de suministro, particularmente en los estados de Alabama y Georgia. El informe documenta un patrón sistemático de abusos que va más allá de casos aislados, desde el uso de mano de obra juvenil, inmigrante y encarcelada, hasta accidentes graves y muertes laborales. La ONG acompañó el reporte con una plataforma digital que permite rastrear los componentes de los vehículos y ubicar los eslabones donde se concentran las violaciones.

 

Huezo explicó que este conjunto de prácticas puede definirse como “trabajo coercitivo”, un concepto que engloba distintas formas de explotación laboral. Se trata, dijo, de un modelo que se aprovecha de personas con menos opciones, provenientes de comunidades sin acceso a empleos dignos, y que termina normalizando condiciones ilegales dentro de la industria.

De acuerdo con la investigación, los trabajadores contratados a través de agencias temporales reciben sueldos considerablemente menores que aquellos con contratación directa y estatus migratorio regular. Esta dinámica, advirtió la ONG, presiona a la baja los salarios de todo el sector automotriz en la región.

A este escenario se suma el temor provocado por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han incrementado la desconfianza y el aislamiento en muchas comunidades. No obstante, Huezo destacó que la organización comunitaria ha demostrado ser una herramienta eficaz, puesto que redes vecinales, vigilancia colectiva e información sobre derechos laborales y migratorios han logrado frenar detenciones y separaciones familiares, reforzando la idea de que la acción colectiva sigue siendo una vía clave frente a la precarización y el miedo.

 

 

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