Alrededor de 1,400 personas migrantes permanecen detenidas en un centro ubicado en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, quienes —según abogados especializados en migración— enfrentan condiciones inadecuadas para su estancia.

 

En declaraciones a Agencia EFE, defensores legales señalaron presuntas deficiencias en la atención médica, ausencia de servicios educativos para niñas y niños, así como problemas con la calidad de los alimentos y el suministro de agua dentro del complejo.

 

El centro, administrado bajo supervisión de U.S. Immigration and Customs Enforcement, había permanecido cerrado durante gran parte del mandato de Joe Biden. Sin embargo, fue reactivado por el gobierno de Donald Trump en el marco de una estrategia orientada a agilizar detenciones y procesos de deportación.

 

Las cifras recientes reflejan un incremento en la detención de menores migrantes en Estados Unidos. De acuerdo con el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 arrestos de niños, una cifra considerablemente mayor frente a los 25 casos mensuales documentados en los últimos 16 meses de la administración anterior.

 

Organizaciones civiles han reiterado su preocupación por el impacto que estas políticas pueden tener en la niñez migrante, particularmente en lo relacionado con su salud física, estabilidad emocional y acceso a derechos básicos durante su detención.