La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés a la política comercial del presidente Donald Trump al declarar ilegales los aranceles globales impuestos bajo poderes de emergencia.

En una decisión dividida 6 votos contra 3, el máximo tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de manera unilateral sin una autorización clara del Congreso. La mayoría sostuvo que la Constitución reserva al Poder Legislativo la atribución de establecer impuestos y gravámenes.

🔴 La Corte Suprema anula las tarifas globales de Trump al declarar ilegal el fundamento de su aplicación, con el que fijó los gravámenes contra cientos de países https://t.co/pjdwzRMvHB pic.twitter.com/uAUTA6iagV

— RT en Español (@ActualidadRT) February 20, 2026

El fallo, redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, subraya que el Ejecutivo debe identificar una autorización explícita del Congreso cuando pretenda aplicar medidas de amplio alcance económico. La Corte rechazó el argumento de la Casa Blanca de que la IEEPA permitía imponer aranceles “recíprocos” ilimitados sin los procedimientos previstos en otras leyes comerciales.

Los aranceles anulados incluían gravámenes anunciados en abril de 2025, conocidos como los del “Día de la Liberación”, que afectaban importaciones de países como China, México y Canadá, con tasas que en algunos casos alcanzaron hasta 50% para ciertos socios y 145% para productos chinos.

El litigio se originó tras demandas presentadas por una docena de estados y diversas empresas importadoras, que alegaron que el presidente se extralimitó al utilizar una ley de emergencia de 1977 para justificar medidas arancelarias generalizadas. Tribunales inferiores ya habían considerado ilegal la aplicación de la IEEPA en este contexto.

Te puede interesar: Trump afirma que 50 millones de barriles de petróleo venezolano ya están rumbo a Estados Unidos

Uno de los puntos que quedó pendiente es el destino de los recursos recaudados. De acuerdo con datos oficiales presentados en el proceso, el gobierno federal obtuvo más de 134 mil millones de dólares por estos aranceles. La Corte no resolvió si deberá devolverse ese dinero, cuestión que será definida por instancias inferiores.

El fallo es considerado uno de los más relevantes en materia económica en años, al delimitar el alcance de los poderes presidenciales en comercio exterior y reforzar la necesidad de control legislativo sobre decisiones de alto impacto financiero. Analistas anticipan que la resolución podría abrir una etapa de litigios adicionales por posibles reembolsos y redefinir la estrategia comercial de la Casa Blanca.