18-03-2026

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La medida, que entrará en vigor el 2 de abril, busca reducir la migración irregular y cubrir costos de deportación
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del 2 de abril, exigirá una fianza de hasta 15 mil dólares a solicitantes de visas de turismo y negocios (B1 y B2) provenientes de 12 nuevos países, entre ellos Nicaragua.
La medida también aplicará para ciudadanos de Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
🚨 BREAKING: The greatest Sec. of State Marco Rubio just slapped a $15,000 FEE on a DOZEN more countries when foreigners try to get an American visa, mostly from Africa
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 18, 2026
A total of 50 COUNTRIES have the fee — discouraging visa fraud that harms Americans
LFG! Thank you Marco! 🇺🇸… pic.twitter.com/HQO3okyGkm
Según la administración del presidente Donald Trump, esta fianza será reembolsada a quienes cumplan con las condiciones de su visa y regresen a su país antes de que expire. En caso contrario, el dinero se utilizará para cubrir los costos del proceso de deportación.
Las autoridades estadounidenses estiman que expulsar a un migrante cuesta en promedio más de 18 mil dólares, por lo que consideran que este esquema podría generar un ahorro de hasta 800 millones de dólares anuales para los contribuyentes.
Con la inclusión de estos 12 países, suman ya 50 naciones cuyos ciudadanos deben cumplir con este requisito, principalmente debido a altas tasas de permanencia irregular tras el vencimiento de sus visas. Entre ellos se encuentran Cuba, Venezuela, Nigeria y Nepal, entre otros. México no figura en la lista.
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El programa contempla fianzas de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares, dependiendo de cada caso y a discreción del funcionario consular. De acuerdo con el Departamento de Estado, el sistema ha mostrado resultados positivos: cerca del 97% de los solicitantes que han participado han regresado a sus países dentro del plazo permitido.
Esta política forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para frenar la migración irregular, que incluye restricciones al asilo y vetos de visas.

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