El propietario de Grips By Larry, un antiguo distribuidor de armas con licencia federal en Arizona, fue acusado formalmente por autoridades de Estados Unidos de intentar proporcionar armas de fuego al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), organizaciones mexicanas designadas como terroristas extranjeras en 2025.

El 17 de marzo de 2026, un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal sustitutiva contra Laurence Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, por intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar apoyo a organizaciones terroristas designadas. Gray compareció ante un tribunal federal para la lectura de cargos.

 

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De acuerdo con la acusación, Gray, propietario de Grips By Larry y ex titular de una licencia federal para la venta de armas de fuego (FFL), ya había sido acusado en 2025 junto con Barrett Weinberger, de 73 años y residente de Tucson, por delitos de tráfico de armas, compras mediante testaferros y declaraciones falsas en la adquisición de armamento. La nueva acusación añade cargos por apoyo material al terrorismo.

Las autoridades señalan que Gray intentó proporcionar armas al CJNG en mayo de 2025 y que conspiró para suministrar armamento tanto al CJNG como al CDS durante ese mismo año, después de que ambos cárteles fueran designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Secretario de Estado de Estados Unidos el 20 de febrero de 2025, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Las penas por conspiración e intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera pueden alcanzar hasta 20 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. Los cargos por tráfico de armas y compra fraudulenta contemplan penas de hasta 15 años de prisión, mientras que la presentación de declaraciones falsas durante la compra de armas podría implicar hasta 10 años de cárcel.

El caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa del Departamento de Justicia enfocada en combatir el crimen organizado transnacional, el tráfico de armas y la actividad de cárteles, mediante la coordinación de los grupos de trabajo contra el narcotráfico y el Proyecto Vecindario Seguro.

 

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La investigación fue realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), mientras que el fiscal federal adjunto Marcus Shand, del Distrito de Arizona en Phoenix, está a cargo del proceso judicial.

Las autoridades recordaron que una acusación formal constituye únicamente una imputación, por lo que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

 

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