Un panel laboral del T-MEC determinó que en la mina Camino Rojo, de la empresa Orla Mining, se cometieron violaciones graves a los derechos de los trabajadores, especialmente en temas de libertad sindical.

 

Según la resolución, la empresa intervino en la vida sindical al favorecer a un grupo específico, afectando al sindicato que tenía la representación en ese momento. Esto incluyó presiones para que empleados cambiaran de afiliación.

 

El informe también señala que hubo actos de intimidación y amenazas para obligar a trabajadores a dejar al sindicato Los Mineros y unirse a otro, lo que generó un ambiente de miedo dentro de la mina.

 

El panel consideró que la empresa tuvo un papel clave en estas prácticas y que no hizo lo suficiente para corregir la situación, pese a las denuncias de despidos, violencia y represalias relacionadas con la preferencia sindical.

 

Además, se indicó que la compañía conocía los riesgos de seguridad en la zona, lo que aumentaba su responsabilidad de proteger a su personal.

 

Como parte de las posibles soluciones, se propusieron medidas como una disculpa pública, garantizar que los trabajadores puedan elegir libremente su sindicato, compensaciones para los afectados, capacitaciones y reglas claras para evitar que estas situaciones se repitan.

 

También se plantea permitir que el sindicato afectado tenga acceso a la mina y pueda comunicarse directamente con los trabajadores sin obstáculos.