Una jueza federal en Estados Unidos ordenó este viernes que migrantes recluidos en el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, en Florida, puedan recibir asesoría legal, en medio de crecientes señalamientos por presuntos abusos dentro del lugar.

 

La resolución fue emitida por la jueza Sheri Polster Chappell, quien instruyó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) a permitir el acceso de abogados a las personas detenidas, así como a difundir los mecanismos para que puedan ser contactadas.

 

La decisión responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras de derechos civiles, entre ellas la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y Sanctuary of the South, que acusan violaciones al debido proceso en este centro, el cual ha ganado notoriedad como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump.

 

Desde estas agrupaciones celebraron el fallo, al considerarlo un paso clave para garantizar derechos fundamentales. Señalaron que el acceso a representación legal no puede ser restringido y reiteraron su intención de continuar con acciones legales hasta lograr el cierre definitivo del sitio.

 

El centro, inaugurado en julio de 2025 en la zona de los Everglades, ha sido objeto de críticas constantes por sus condiciones. La instalación se ubica en un entorno natural caracterizado por la presencia de fauna como caimanes y serpientes, lo que ha incrementado la controversia en torno a su operación.

 

A la par de la orden judicial, legisladores demócratas también intensificaron la presión. Los senadores Jon Ossoff y Richard Durbin solicitaron al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, abrir una investigación ante denuncias que calificaron como “creíbles”.

 

De acuerdo con los señalamientos, algunos migrantes habrían sido sometidos a castigos mediante confinamiento en espacios reducidos, conocidos como “la caja”, donde permanecen esposados durante horas, expuestos al sol y sin acceso a alimentos ni agua.

 

Los legisladores advirtieron que estas prácticas podrían contravenir tanto los estándares del propio Departamento de Seguridad Nacional como compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.