24-04-2026

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Estados Unidos autoriza pelotón de fusilamiento, electrocución y gas nitrógeno para agilizar las ejecuciones a nivel federal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una ampliación en los métodos de ejecución aplicables en casos federales de pena de muerte, incorporando opciones como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas nitrógeno. La medida forma parte de la política impulsada por el presidente Donald Trump para reactivar y acelerar las ejecuciones federales.
La dependencia informó que también retomará el protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, además de simplificar los procesos internos para reducir el tiempo entre la condena y la ejecución. El fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que estas acciones buscan garantizar la aplicación del castigo máximo contra criminales considerados de alta peligrosidad, como terroristas, asesinos de menores y homicidas de agentes del orden.
🚨 🚨🚨 BREAKING
— Public News X (@PublicNewsX) April 24, 2026
Trump DOJ revives federal death penalty — explicitly authorizing firing squads as an execution method.
Tough on crime push continues.#TrumpDOJ #Crime #DeathPenalty pic.twitter.com/zCKZ9neDcX
El informe señala que la diversificación de métodos responde, en parte, a las dificultades para obtener los fármacos necesarios para las inyecciones letales. Con ello, la Oficina Federal de Prisiones estará facultada para emplear métodos ya contemplados en las legislaciones estatales, incluso cuando determinados medicamentos no estén disponibles.
La decisión revierte parte de las políticas implementadas durante la administración de Joe Biden, quien había establecido una moratoria y conmutó las sentencias de 37 de los 40 reos que permanecían en el corredor de la muerte federal. Actualmente, solo tres personas conservan sentencias de ejecución a nivel federal.
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Durante su primer mandato, Trump reanudó las ejecuciones federales tras una pausa de casi dos décadas, llevando a cabo 13 ejecuciones en los últimos seis meses de su administración. En su segundo mandato, ha reiterado su intención de ampliar el uso de la pena capital para los delitos más graves.

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