Un tribunal de apelaciones en Texas dio luz verde a la implementación de la ley SB4, una controvertida normativa que permite a autoridades estatales detener a personas bajo sospecha de estar en Estados Unidos sin estatus migratorio regular.

 

La legislación, aprobada desde 2023 pero frenada por recursos legales, podrá aplicarse luego de que la corte determinara que las organizaciones civiles que la impugnaron no cuentan con base legal para proceder con la demanda.

 

Con esta medida, ingresar al país de manera irregular desde México se convierte en un delito estatal que puede ser castigado con hasta seis meses de prisión, o incluso penas de hasta 20 años en casos de reincidencia.

 

Además, la ley otorga a policías locales la facultad de arrestar y retener a los presuntos infractores, mientras que jueces estatales podrán ordenar su expulsión directamente a territorio mexicano.

 

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la norma, argumentando que invade competencias del gobierno federal en materia migratoria y podría obstaculizar el derecho de los migrantes a solicitar asilo.

 

También advierten que su aplicación podría derivar en actos de discriminación contra comunidades latinas y otros grupos minoritarios, al basarse en criterios de sospecha.

 

El contexto en el que entra en vigor la SB4 coincide con una política migratoria más estricta en Estados Unidos, donde se han intensificado los operativos al interior del país, incluyendo detenciones masivas.

 

En paralelo, el gobernador Greg Abbott ha insistido en que ciudades como Houston, Dallas y Austin refuercen su cooperación con autoridades federales, pese a la resistencia de sectores de la población que rechazan estas medidas.

 

Datos recientes señalan un incremento significativo en detenciones de migrantes sin antecedentes penales, así como un aumento considerable en arrestos realizados en espacios públicos durante el último año.