Estados Unidos aprobó una modificación a su régimen de sanciones contra Venezuela que permitirá al Gobierno de ese país cubrir los costos legales de la defensa del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso judicial que enfrentan en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico.

 

La decisión fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mediante licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Estado venezolano, aunque bajo restricciones específicas establecidas por las autoridades estadounidenses.

 

De acuerdo con el documento judicial, los pagos solo podrán realizarse con recursos disponibles para el Gobierno venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026 y no podrán provenir de fondos considerados como depósitos de gobiernos extranjeros bloqueados.

 

Esta medida representa un cambio relevante en la postura del Departamento de Justicia y del gobierno estadounidense, que previamente había impedido el uso de esos recursos, argumentando razones de seguridad nacional y política exterior.

 

El equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, había sostenido que la restricción para acceder a fondos vulneraba el derecho constitucional a una defensa adecuada, establecido en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

 

En audiencias previas, el juez del caso, Alvin Hellerstein, había mostrado dudas sobre la posición de la fiscalía, al considerar que el acusado ya no representaría una amenaza para la seguridad nacional tras su detención.

 

Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, fueron detenidos en Caracas durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses y posteriormente trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que incluyen conspiración para narcotráfico y tráfico de cocaína.

 

Se prevé que el juicio formal contra la pareja podría iniciar dentro de uno o dos años.