El Gobierno de Estados Unidos modificó los criterios para reportar fallecimientos relacionados con la custodia migratoria, al eliminar una política que obligaba a las autoridades a contabilizar las muertes de personas migrantes ocurridas dentro de los 30 días posteriores a su liberación.

La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), revierte una disposición adoptada durante la administración de Joe Biden en 2021, mediante la cual el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debía informar estos casos al Congreso e investigar las circunstancias de cada deceso.

Autoridades federales argumentaron que, una vez que una persona deja de estar bajo custodia gubernamental, el Estado ya no tiene responsabilidad sobre el seguimiento de su condición de salud o situación personal. Según el DHS, la nueva directriz se enfocará exclusivamente en los fallecimientos ocurridos mientras las personas permanezcan detenidas.

La decisión surge en un contexto de creciente escrutinio sobre las condiciones dentro de los centros de detención migratoria. Organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado preocupación por el aumento de muertes registradas bajo custodia de ICE durante los últimos años.

Datos oficiales indican que durante 2025 se reportaron 32 fallecimientos de personas detenidas, la cifra más alta en más de dos décadas. En lo que va de 2026, ya se han contabilizado 18 muertes, por lo que especialistas advierten que el récord podría superarse antes de finalizar el año.

Un estudio publicado recientemente en una revista médica estadounidense señaló que el incremento en la mortalidad coincide con una expansión acelerada de la capacidad de detención, denuncias de hacinamiento y posibles retrasos en la atención médica dentro de algunos centros.

Diversas organizaciones promigrantes han documentado casos de personas que fallecieron poco tiempo después de recuperar su libertad. Entre ellos figura el de un hombre de 44 años liberado de un centro de detención en California, cuyos familiares denunciaron que había presentado síntomas cardíacos durante su estancia bajo custodia sin recibir atención médica adecuada.